El Consejo Nacional de Transportes Terrestres avala el proyecto de Decreto de modificación del ROTT elaborado por el Ministerio de Transportes (MITMA) para introducir una mayor desregulación del sector, gracias al voto favorable de las asociaciones de empresas cargadoras y con la posición en contra de las principales asociaciones de transportistas.
El pasado martes 20 de Julio, se reunió el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, máximo órgano de interlocución del sector con la Administración, y que lo conforman representantes de las principales asociaciones de transportistas, de empresas cargadoras, de los sindicatos y de las asociaciones de consumidores, para adoptar una posición en relación al proyecto de modificación del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, que ha elaborado el Ministerio de Transportes, en el que se propone flexibilizar el mínimo de exención de tonelaje de los vehículos de transporte que no precisarían autorización de transporte, eliminar definitivamente el requisito de antigüedad de la flota o rebajar el nivel de exigencia para obtener el título de competencia para ser transportista.
Pese al rechazo absoluto de las principales asociaciones de transportistas a dicho proyecto, como Fenadismer y CETM, la propuesta ha salido adelante gracias al voto favorable de las asociaciones de empresas cargadoras, que lo han apoyado unánimemente, con el objetivo de favorecer la entrada masiva y descontrolada de nuevos transportistas al sector, y en consecuencia de “abaratar” el transporte, como lo demuestra el hecho de que en el último año y medio, pese a la importante reducción de la actividad motivada por la pandemia del covid-19, se haya producido una avalancha de más de 4.200 nuevos transportistas, la mayoría de los cuales han accedido sin poseer titulación profesional alguna y con vehículos de cualquier antigüedad.
Las asociaciones de transportistas consensuaran una propuesta alternativa de acceso al sector para presentar al Ministerio de Transportes, que permita contrarrestar los efectos tan negativos que está ocasionando en la necesaria ordenación del sector la sentencia del Tribunal Supremo, que eliminó el requisito de antigüedad máxima, y en la preocupante edad media actual de la flota española de transporte por carretera, perjudicando tanto los índices de siniestralidad como los objetivos de movilidad medioambiental y sostenible que propugnan tanto las autoridades europeas como las nacionales.
